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Guzmán Tapia, Juan (1939-VVVV).

Juez chileno, nacido el 24 de abril de 1939, que alcanzó notoriedad internacional cuando el 1 de diciembre de 2000 decretó una orden de procesamiento contra el general Augusto Pinochet, artífice del régimen militar que durante diecisiete años gobernó Chile.

Hijo del poeta Juan Guzmán Cruchaga, del que heredó el gusto por la literatura, el joven Juan se licenció en Leyes en la Universidad Católica de Chile y cursó estudios de Filosofía del Derecho en la Sorbona parisina. De regreso a Chile, ingresó en el Poder Judicial en 1970. Tres años después, cuando el 11 de septiembre de 1973 Pinochet derrocó el régimen constitucional de Salvador Allende, Guzmán ejercía como juez al sur del país en la región agrícola de Panguipulli. Continuó su carrera como magistrado suplente del juzgado de la localidad de Santa Cruz y, en 1983, llegó a la Corte de Apelaciones de la ciudad de Talca para trasladarse, seis años después, a la misma institución de la capital chilena.

Después de casi treinta años en la carrera judicial, la Corte de Apelaciones de Santiago le designó por sorteo ministro especial de fuero para que se encargara del proceso derivado de las más de 165 querellas interpuestas contra Pinochet. Guzmán aceptó a trámite la primera querella criminal presentada por el Partido Comunista chileno contra el ex dictador en enero de 1998 y, a partir de entonces, inició un largo proceso de investigación en el que durante tres años practicó más de mil diligencias que incluyeron declaraciones de testigos, reconstrucción de escenas, pruebas periciales, oficios y órdenes de averiguación.

Convencido de que durante este tiempo había reunido pruebas suficientes para inculpar a Pinochet, el 1 de diciembre de 2000 decretó el procesamiento del general como autor intelectual de los crímenes cometidos por la llamada 'Caravana de la Muerte'; comitiva militar dirigida por el general Sergio Arellano Stark que recorrió el país pocos días después del golpe militar y sobre la que pesaba la responsabilidad del asesinato de cincuenta y siete opositores políticos y la desaparición de al menos otros dieciocho. Su decisión de procesar al ex dictador sorprendió a la sociedad chilena y Guzmán recibió los mayores elogios por parte de los detractores de Pinochet y las más duras críticas de los partidarios del general.

El pleno de la Corte Suprema de Chile había retirado a Pinochet la inmunidad que le amparaba como senador vitalicio el día 8 de agosto de 2000. Desde ese momento, el general podía ser juzgado en su país como cualquier otro ciudadano y Guzmán actuó en derecho. Los abogados de Pinochet, que contaba entonces 84 años, presentaron ante la Sala de la Corte de Apelaciones un recurso de 'hábeas corpus' contra la decisión del juez para evitar que se hiciera efectiva la orden de arresto domiciliario solicitada por el magistrado. La Sala admitió a trámite la solicitud de la defensa del ex dictador y dejó temporalmente sin efecto el arresto de Pinochet. Los tres jueces del tribunal fallaron finalmente a favor del recurso de amparo de los abogados del general, argumentando que Guzmán no había cumplido con el requisito de interrogar a Pinochet antes de declarar su procesamiento, y anularon por un defecto de forma la orden de arresto dictada por el juez.

La acusación recurrió la decisión ante la Corte Suprema chilena que, finalmente, ordenó al juez someter a interrogatorio al general golpista después de que se le practicaran exámenes médicos que determinaran si reunía las condiciones óptimas para afrontar un juicio. Las pruebas neurológicas y psiquiátricas realizadas en los primeros días de enero de 2001 revelaron que la salud mental de Pinochet estaba dentro de la normalidad de una persona de 85 años aunque admitían la existencia de una leve demencia vascular progresiva. Los interrogatorios quedaron fijados para el día 23 de enero. Cumplidos los trámites exigidos por la Corte Suprema, Guzmán dictó nuevamente orden de procesamiento y arresto domiciliario contra Pinochet por su responsabilidad como 'autor inductor' del homicidio y desaparición de 75 opositores políticos, víctimas de la 'caravana de la muerte'. El 29 de enero de 2001, el general enfrentaba la peor situación judicial de su vida.

Los abogados de la defensa presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago que, el 8 de marzo de 2001, emitió su resolución. El fallo de la Sala Primera del tribunal capitalino confirmó el procesamiento dictado por Guzmán contra el ex dictador, pero rebajó el grado de implicación de Pinochet en los crímenes y secuestros denunciados al determinar su responsabilidad en calidad de encubridor y no de autor-inductor como recogía el texto del auto procesal del juez Guzmán. Cuatro días depués de la resolución judicial y sin esperar a que la defensa lo solicitara, el magistrado resolvió de oficio conceder la libertad bajo fianza al ex dictador que, desde el 31 de enero, cumplía arresto domiciliario en su residencia campestre de Los Boldos.

El 8 de julio de 2001, la Corte de Apelaciones de Santiago frustró seriamente las esperanzas de los querellantes en la causa contra el ex dictador. El órgano judicial acordó, por dos votos contra uno, el sobreseimiento temporal del proceso contra Augusto Pinochet por entender que existían signos de demencia senil que le incapacitaban para afrontar un juicio. El fallo de la Corte, que supuso la aceptación de un recurso presentado por la defensa, consideró que la demencia vascular progresiva, detectada en el paciente durante los exámenes médicos realizados en el mes de enero, era prueba suficiente para aplicar el artículo 409 del Código Penal que prevé el sobreseimiento temporal "cuando el procesado caiga en demencia o locura y mientras ésta dure". A pesar de la temporalidad de la suspensión del caso, la decisión judicial suponía en la práctica dar carpetazo definitivo al proceso y salvar al ex dictador del banquillo, pues la probabilidades de su completa recuperación se entendían muy remotas.

De confirmarse el carácter definitivo del sobreseimiento, el juez Guzmán debía quedar apartado de las investigaciones sobre las responsabilidades penales del ex dictador pero, el mismo día en que la Corte decretó la suspensión de la causa contra Pinochet, el magistrado anunció la apertura de un nuevo proceso contra los dirigentes de la DINA, la temida policía política de la dictadura.

El juez intentó nuevamente sentar a Pinochet en el banquillo y a finales de 2003 solicitó el desafuero del ex dictador para investigar su participación en los crímenes cometidos durante la llamada 'Operación Cóndor'; un plan represivo concebido por la DINA que las dictaduras de algunos países suramericanos aplicaron conjuntamente en la década de los setenta. Finalmente en el verano de 2004, la Corte de Apelaciones de Santiago retiró el fuero al ex presidente chileno y, pese a que los abogados defensores recurrieron el fallo, la Corte Suprema de Chile confirmó el 26 de agosto la retirada de la inmunidad a Augusto Pinochet. Un mes más tarde, Guzmán interrogó al ex dictador en su domicilio de Santiago. El juez consideró a Pinochet apto para afrontar un juicio y el 13 de diciembre dictó auto de procesamiento contra el acusado por delitos de secuestro y homicidio. Ordenó su arresto domiciliario aunque la defensa interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones. Sólo unas horas después, el reo ingresaba de urgencia en un hospital militar después de sufrir un accidente cerebrovascular que, de inmediato, fue cuestionado por sus detractores. Pese a todo, el alto tribunal de Santiago rechazó por unanimidad el recurso de la defensa y dejó vía libre al juez para continuar con el proceso.

El juez que logró procesar por dos veces a Pinochet y llevar al banquillo a los principales responsables de la represión que dejó cerca de 4.000 víctimas durante la dictadura abandonó la carrera judicial en mayo de 2005, días después de cumplir la edad de jubilación. Alejado de los tribunales, al menos profesionalmente, el magistrado anunció su intención de dedicar más tiempo a su familia, a su labor docente y a la publicación de sus memorias. Cumplió todos sus deseos y encontró tiempo además para aceptar el encargo de la comunidad mapuche de defender su causa ante las instituciones internacionales de Derechos Humanos.

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  • 0012 ISC.