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HistoriaPolíticaBiografía

Pinochet Ugarte, Augusto José Ramón (1915-2006).

Augusto Pinochet.

Militar y estadista chileno, nacido en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915, y muerto en Santiago de Chile, el 10 de diciembre de 2006. En 1933 ingresó en la Escuela Militar de Chile y fue ascendido a teniente a los 21 años. Ejerció como profesor de Geografía Militar y en 1956 fue destinado a Washington como agregado militar. Más tarde, llegó a Quito con el fin de organizar la Academia de Guerra de Ecuador. En 1970 ascendió a general de División y en agosto de 1973 fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, en sustitución del general Prats, íntimo amigo y ministro del Interior de Salvador Allende.

Ese mismo verano, el presidente Allende declaró Santiago zona militar, como respuesta a la ola de huelgas y disturbios callejeros, y el general Pinochet anunció que, de persistir el desorden, sacaría el Ejército a la calle. Pero el 11 de septiembre de 1973, Pinochet y otros mandos militares se sublevaron contra el gobierno legítimo de Salvador Allende y dieron un golpe de Estado "para liberar al país del yugo marxista". Las tropas atacaron por tierra y aire el Palacio de la Moneda, residencia oficial del presidente, que resultó muerto durante el ataque. El 27 de junio de 1974 Augusto Pinochet asumió el cargo de Jefe Supremo de la Nación, y el 17 de diciembre de ese año fue nombrado presidente de la República. Desde su llegada al poder implantó un férreo control de la política interior y se mantuvo prácticamente aislado, con escasísimos contactos con el exterior; sólo viajó a España con motivo del entierro del general Franco y a los Estados Unidos para asistir a la solemne firma del Tratado Torrijos-Carter.

El 11 de marzo de 1981, el dictador inició una segunda etapa de gobierno, en la que asumió la presidencia de la República por un nuevo período de ocho años, tras jurar y acatar la nueva Constitución. En agosto de 1988 fue designado por la Junta Militar como candidato único a la presidencia en el plebiscito del 5 de octubre, que proponía el mantenimiento de Pinochet en el poder hasta 1998. El 11 de octubre de 1988, el servicio electoral chileno entregó los resultados oficiales de la consulta popular, que arrojaron un 55,2% de votos contrarios frente a un 42% favorables. Comenzaba así la transición política chilena hacia la democracia. Poco después, el jefe del Estado anunció que dejaría el poder en 1990, aunque permanecería en el cargo de comandante en Jefe del Ejército. Tras las elecciones presidenciales de diciembre de 1989, en las que resultó elegido Patricio Aylwin, el 10 de marzo de 1990 Pinochet abandonó la presidencia y el Palacio de la Moneda, que pasó a ser residencia del nuevo presidente de Chile.

Amante de las distinciones, Augusto Pinochet fue nombrado Primer Infante de la Patria, Gran Caballero del Altiplano, Hijo Ilustre, Ciudadano Benemérito y Presidente Honorífico de la Cruz Roja. También recibió la Gran Cruz del Mérito Militar de Chile, así como la Medalla Abdón Calderón Parra, de Ecuador; Orden del Mérito Militar, de Colombia; y Gran Cruz del Mérito Militar, de España. Ha publicado, además, los siguientes libros de temática militar: Geopolítica-Diferentes Etapas para el Estudio Geopolítico de los Estados, en 1968; Geografía de Chile, en 1968; Geografía de Argentina, Perú y Bolivia, en 1972; Guerra del Pacífico en 1879, y Primeras Operaciones Terrestres, en 1972. Casado con María Lucía Hiriart Rodríguez, hija de un político del Partido Radical, el matrimonio tuvo cinco hijos.

El momento más crítico de su relación con el nuevo gobierno se produjo el 20 de diciembre de 1990, cuando el Ejército se acuarteló para exigir la salida del Ministro de Defensa, Patricio Rojas. Otro momento de tensión llegó en mayo de 1993, cuando, en ausencia del presidente, el Ejército, fuertemente armado, reforzó la guardia exterior del edificio de las Fuerzas Armadas, situado casi frente al Palacio de la Moneda. Pinochet continuó como comandante en Jefe del Ejército hasta la fecha de su retiro oficial, el 10 de marzo de 1998. Ese día cedió el mando al general Ricardo Izurieta Caffarena, en el marco de una solemne ceremonia celebrada en el patio central de la Escuela Militar. Al día siguiente se incorporó al Parlamento como senador vitalicio, en virtud de lo prescrito en el artículo 45 de la Constitución de 1980, que otorgaba esa prerrogativa a los ex presidentes de la República que hubieran desempeñado el cargo en forma continua al menos durante seis años. El nombramiento y toma de posesión se vio rodeado de una fuerte polémica, promovida por partidos de la izquierda y organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos, que exigían a Pinochet su responsabilidad en la represión desencadenada tras el pronunciamiento militar de 1973 y se oponían a que un acusado de genocidio accediera a la Cámara Alta.

Ese mismo año de 1998 deparaba al ex dictador un periplo judicial que difícilmente podría imaginar desde su reciente cargo de senador. Como preámbulo al cambio de dirección que tomaban los hechos en torno al ex presidente de Chile, el 11 de septiembre de ese año se celebró por última vez el inicio del golpe de Estado y el asesinato de Salvador Allende, que en esa ocasión cumplía su 25 aniversario. El 17 de octubre, cuando el senador chileno se encontraba en Londres para ser intervenido quirúrgicamente en un hospital de la capital inglesa, fue detenido por agentes de Scotland Yard siguiendo una requisitoria del juez español Baltasar Garzón, quien había dictado un auto de prisión contra Pinochet por delitos de genocidio y terrorismo presuntamente cometidos entre 1976 y 1983, luego extendidos hasta 1988, que habían afectado a un grupo de ciudadanos españoles y chilenos, violando tanto convenios internacionales sancionados por Chile como principios fundamentales del derecho humanitario.

A partir de ese momento sólo faltaba esperar la aprobación de extradición que había sido solicitada por España, todo ello en medio de los pronunciamientos en favor y en contra que se sucedían entre los propios chilenos. Numerosas manifestaciones de anti y pro pinochetistas proliferaron no sólo en Chile, sino también en España y Gran Bretaña. La inmunidad penal que defendieron sus abogados para evitar su extradición fue desestimada por el comité judicial de la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial británica, y en octubre de 1999 el magistrado designado para dictaminar sobre el proceso señaló que procedía legalmente la extradición a España, por encontrar fundamentadas las acusaciones del juez Garzón.

El 5 de enero de 2000 Pinochet fue sometido a un examen médico para dictaminar si estaba en condiciones de afrontar un juicio. Seis días después, el Ministerio de Interior británico anunció que la revisión médica indicaba que Pinochet "no está en condiciones" para enfrentarse a un largo proceso judicial y, por lo tanto, el ministro Jack Straw rechazó las solicitudes de extradición.

El 25 de enero Bélgica, que junto con España, Francia y Suiza había solicitado a Inglaterra la extradición del general, y varias organizaciones pro derechos humanos apelaron por separado al Tribunal Superior de Londres contra la liberación de Pinochet, que denegó la revisión judicial del caso el 31 de enero. Ante un nuevo recurso de Bélgica y las seis organizaciones contra la confidencialidad del informe médico de Pinochet, el 8 de febrero tres jueces del Tribunal Superior de Londres dieron el permiso formal para solicitar la revisión judicial del proceso.

Una semana después, el Gobierno británico envió el informe médico del ex dictador a los países solicitantes, para que éstos pudiesen presentar sus alegaciones. El 2 de marzo, el Ministerio de Interior británico anunció la decisión de interrumpir el proceso de extradición del general y dejarlo en libertad por los motivos de salud anteriormente alegados. Después de 503 días de arresto, el general regresó a Chile acompañado de su esposa, su médico y dos abogados en un avión de la Fuerza Aérea chilena, que partió de la base de Washington.

Enjuiciado en Chile

El día 8 de agosto de 2000, el pleno de la Corte Suprema de Chile dictó un fallo histórico que retiraba a Pinochet la inmunidad que le amparaba como senador vitalicio, lo que dejó abierta la posibilidad de que el ex dictador pudiera ser juzgado en su país. El 1 de diciembre de 2000, el juez chileno Juan Guzmán decretó el procesamiento del general como autor intelectual de la llamada caravana de la muerte, la columna militar que recorrió el país semanas después del golpe de Estado de 1973 y ejecutó a más de 70 partidarios del derrocado Salvador Allende. Los abogados del general, de 84 años, presentaron ante la Sala de la Corte de Apelaciones un recurso de hábeas corpus contra la decisión del juez Guzmán para evitar que se hiciera efectiva la orden de arresto domiciliario solicitada por el magistrado. La Sala, que admitió a trámite la solicitud de la defensa del ex dictador, aceptó finalmente el recurso de la defensa y anuló la orden de procesamiento y arresto dictada por el juez. La acusación recurrió esta decisión ante la Corte Suprema del país que finalmente ordenó a Guzmán someter a interrogatorio al general después de que se le practicaran exámenes médicos para determinar si estaba en condiciones aptas para afrontar un juicio.

Las pruebas neurológicas y psiquiátricas realizadas en los primeros días de enero de 2001 revelaron que Pinochet gozaba de un estado mental normal para una persona de 85 años aunque se le apreciaba una leve demencia vascular progresiva. Interrogado por el juez el día 23 de enero, el general negó haber ordenado los fusilamientos de los opositores al régimen asesinados al paso de la llamada caravana de la muerte y responsabilizó de las desapariciones a los mandos regionales del Ejército. Cumplidos los trámites exigidos por la Corte Suprema, el juez Guzmán dictó el 29 de enero de 2001 una nueva orden de procesamiento y arresto domiciliario contra Pinochet por su responsabilidad como "autor inductor" del homicidio y desaparición de 75 opositores políticos, víctimas de la caravana de la muerte que comandaba el general Sergio Arellano Stark. El general recibió la noticia en su residencia costera de Los Boldos, a unos 200 kilómetros de la capital del país.

Contra la orden del juez, la defensa de Pinochet presentó recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago que, el 8 de marzo de 2001, emitió una resolución que, si bien confirmaba el procesamiento dictado por Guzmán contra el ex dictador, rebajaba el grado de implicación del general en los crímenes y secuestros realizados por la columna militar de Stark. Según la sentencia de la Sala Primera de la Corte capitalina, Pinochet era responsable de los hechos denunciados en calidad de encubridor y no de autor-inductor como recogía el texto del auto procesal del juez Guzmán. Cuatro días después de la resolución judicial, Guzmán resolvió de oficio la concesión de la libertad provisional bajo fianza para el ex dictador que, desde el 31 de enero, cumplía arresto domiciliario en su residencia de Los Boldos. La defensa consiguió retrasar hasta el mes de junio la diligencia de fichar al procesado y finalmente este trámite obligatorio se cumplió "en ausencia", esto es, Pinochet no tuvo que sufrir la humillación pública de posar de frente y de perfil ni estampar sus huellas dactilares en la ficha policial.

El 8 de julio de 2001, la Corte de Apelaciones de Santiago frustró seriamente las esperanzas de los querellantes en la causa contra el ex dictador. El órgano judicial acordó, por dos votos contra uno, el sobreseimiento temporal del proceso contra Augusto Pinochet, acusado de encubrimiento en casos de homicidio y desaparición durante su mandato, por entender que existían signos de demencia senil que le incapacitaban para afrontar un juicio. El fallo de la Corte, que supuso la aceptación de un recurso presentado por la defensa, consideró que la demencia vascular progresiva, detectada en el paciente durante los exámenes médicos realizados en el mes de enero, era prueba suficiente para aplicar el artículo 409 del Código Penal que prevé el sobreseimiento temporal "cuando el procesado caiga en demencia o locura y mientras ésta dure".

A pesar de la temporalidad de la suspensión del caso, la decisión judicial suponía en la práctica dar carpetazo definitivo al proceso y salvar al ex dictador del banquillo, pues la probabilidades de su completa recuperación se entendían muy remotas. Acogida con alivio por las Fuerza Armadas y con satisfacción por parte de la familia y los abogados de Pinochet, la resolución de la Corte fue duramente criticada por las organizaciones de derechos humanos y los querellantes, que anunciaron su intención de recurrir el fallo. Un año después, el 1 de julio de 2002, la Corte Suprema chilena decretó el sobreseimiento definitivo del proceso contra Pinochet, por su responsabilidad en los crímenes cometidos por la caravana de la muerte en 1973, al considerar irrecuperable la demencia senil del procesado. Tres días más tarde, el ex dictador renunció a su cargo de senador.

En el transcurso de ese mismo año, el sistema judicial chileno volvió a reclamar la atención del ex dictador con la apertura de un nuevo proceso de desafuero, solicitado por una jueza argentina, para interrogar al general por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, perpetrados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en Buenos Aires, en 1974. En julio de 2003 se inició un nuevo trámite para poner en marcha el proceso de desafuero, esta vez por la responsabilidad de Pinochet en el secuestro y desaparición en 1976 de la cúpula del Partido Comunista.

Finalmente en el verano de 2004, la Corte de Apelaciones de Santiago retiró el fuero al ex presidente chileno para que fuera investigada su participación en la llamada Operación Cóndor; perpetrada por varios dictadores latinoamericanos en los años setenta, con apoyo de agentes secretos estadounidenses, para eliminar militantes de izquierdas. Pese a que los abogados defensores del dictador recurrieron el fallo, la Corte Suprema de Chile confirmó el 26 de agosto la retirada de la inmunidad a Augusto Pinochet. Un mes más tarde, el juez Juan Guzmán interrogó al ex dictador en su domicilio de Santiago y ordenó practicarle un examen médico.

Antes de acabar el año, la compleja situación judicial de Pinochet se complicó aún más cuando, nuevamente, la Corte de Apelaciones decretó su desafuero por las fundadas sospechas sobre su participación en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en 1974 en Buenos Aires. Un tecnicismo legal libró a Pinochet de sentarse en el banquillo y la Corte Suprema sobreseyó el caso. También se abrieron en este mismo periodo diligencias judiciales para investigar las cuentas de Pinochet en el Riggs Bank americano en un proceso de denuncia por delitos de cohecho, fraude fiscal y malversación de fondos. El magistrado Sergio Muñoz fue, en este caso, el encargado de solicitar el desafuero del dictador.

Pese a que el ex general negó los cargos y defendió su inocencia en el proceso de la Operación Cóndor, el 13 de diciembre de 2004 el juez dictó auto de procesamiento contra el acusado por delitos de secuestro y homicidio y ordenó su arresto domiciliario. La defensa interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones al tiempo que el reo ingresaba de urgencia en un hospital militar después de sufrir un accidente cerebrovascular que, de inmediato, fue cuestionado por sus detractores. Pese a todo, el alto tribunal de Santiago rechazó el recurso de la defensa y dejó vía libre al juez Guzmán para continuar con el proceso. En los primeros días de 2005, la Corte Suprema también se pronunció en contra del recurso de amparo y ratificó el procesamiento del ex dictador. El 5 de enero, Augusto Pinochet quedó en arresto domiciliario aunque, días después, el juez le otorgó la libertad bajo fianza.

A comienzos del verano de 2005, Pinochet mantenía dos frentes abiertos con la justicia de su país, por su responsabilidad en los casos de violación de derechos humanos y por las acusaciones de corrupción, aunque ambos procesos discurrieron de forma dispar. Logró esquivar el primero de ellos después de que la Corte de Apelaciones de Santiago, aduciendo razones de salud, sobreseyera unánimemente su procesamiento por los crímenes de la Operación Cóndor, pero mantuvo la confrontación judicial en el segundo cuando la misma Corte le retiró la inmunidad en el caso de las cuentas secretas en el Riggs Bank. La defensa del ex general apenas tuvo tiempo de felicitarse por el final del proceso de la Operación Cóndor pues, apenas unas semanas después, la Corte de Apelaciones de la capital chilena volvió a retirar la inmunidad al ex presidente por las sospechas fundadas de su participación en la llamada "Operación Colombo", en la que se juzgaba la desaparición de un grupo de prisioneros políticos en 1975 y el posterior encubrimiento de los asesinatos.

A mediados del mes de octubre, el Supremo chileno rechazó la apelación de los abogados de la defensa y resolvió confirmar el desafuero de Pinochet para ser juzgado por los delitos de evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y utilización de pasaportes falsos en el caso del banco Riggs. Se cumplía así el requerimiento del juez Sergio Muñoz, que también había solicitado la retirada de la inmunidad del ex dictador por malversación de fondos públicos. El ascenso del magistrado, que se incorporó a la Corte Suprema, le apartó del seguimiento de los procesos abiertos contra el general pero fue sustituido por Carlos Cerda, un juez con amplia experiencia en la investigación de los crímenes de la dictadura.

Antes de concluir el año, Pinochet afrontó un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema en el que los jueces dictaminaban que el general había exagerado su demencia senil durante los exámenes médicos practicados durante la instrucción del caso de la "Operación Colombo" y que, pese a las interpretaciones precedentes en sentido contrario, estaba en condiciones de ser juzgado. Tan pronto como tuvo en sus manos este informe, el juez Víctor Montiglio ordenó someter a Pinochet a un careo judicial con Manuel Contreras, ex jefe de la temida DINA, encarcelado por asesinato. El 18 de noviembre de 2005, las dos figuras más relevantes de la dictadura volvieron a encontrarse, en esta ocasión ante la autoridad judicial.

Cuatro días después, el juez Carlos Cerda dictó orden de procesamiento y arresto domiciliario contra Pinochet por enriquecimiento ilícito. La Corte de Apelaciones concedió al dictador la libertad bajo fianza aunque tuvo que permanecer detenido en su domicilio porque, apenas unas horas después de la resolución, el juez Víctor Montiglio, instructor del caso "Operación Colombo", dictó una nueva orden para procesar y arrestar al general. El 25 de noviembre, día de su 90 aniversario, Pinochet amaneció en su lujosa urbanización de La Dehesa procesado por dos causas distintas; una por violación de derechos humanos y otra por corrupción. Un mes más tarde, el general que gobernó Chile entre 1973 y 1990 tuvo que estampar sus huellas digitales y posar de frente y de perfil para la foto de su ficha policial que el juez Montiglio incorporó al expediente del juicio por la "Operación Colombo". El 9 de enero de 2006, Montiglio le concedió la libertad provisional en su procesamiento por tres crímenes de la "Operación Colombo". Días más tarde, la Corte de Apelaciones de Santiago retiró a Pinochet la inmunidad por dos crímenes cometidos por la caravana de la muerte.

El 23 de enero del mismo año, el juez Carlos Cerda dictó procesamiento y arresto domiciliario de toda la familia directa [esposa, cinco hijos y una nuera] de Pinochet por delito tributario. Todos ellos quedaron bajo arresto domiciliario por presunta evasión tributaria por más de 6,6 millones de dólares, si bien, quedaron en libertad tras pagar fianza. El 7 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el procesamiento por evasión tributaria y uso de pasaportes falsos.

Los procesos legales continuaron a lo largo de todo el año 2006. Pinochet volvió a ser desaforado en el mes de abril por la Corte Suprema por su responsabilidad en 37 secuestros de la "Operación Colombo". En mayo se le incoaron 4 procesamientos por secuestro de otras cuatro personas desaparecidas, en la "Operación Colombo". En julio fue desaforado por los homicidios de dos presos políticos cometidos por la caravana de la muerte. En agosto, por malversación de fondos públicos tras el descubrimiento de cuentas bancarias secretas. En septiembre, el ex dictador fue desaforado por primera vez por torturas en el centro de detención "Villa Grimaldi". Y en octubre, por asociación ilícita y secuestro del químico y agente secreto DINA Eugenio Berríos.

El 18 de octubre de 2006, el juez Alejandro Solís interrogó a Pinochet por su responsabilidad en 36 secuestros (desapariciones) y 23 casos de tortura en "Villa Grimaldi". Dos días más tarde, la Corte Suprema autorizó al juez español Garzón para que le interrogase por traspaso de fondos. El 25 de octubre, el Gobierno anunció la existencia de 6.000 kg de oro, valorados en unos 160 millones de dólares (127 millones de euros), en el Banco Shanghai & Hong Kong (BSHK), que pertenecían a Pinochet, aunque la entidad bancaria negó tal depósito, tal y como lo hizo en su momento el Banco Riggs. El 30 octubre, el ex dictador quedó bajo arresto domiciliario tras ser procesado por secuestros, desapariciones, torturas y un homicidio entre los crímenes cometidos en Villa Grimaldi.

La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó un nuevo desafuero, el 8 de noviembre, esta vez por tortura y desaparición en 1974 del sacerdote católico español Antonio Llidó Mengual. Ese mismo día, la Corte de Apelaciones otorgó a Pinochet libertad provisional. Días más tarde, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el procesamiento a Pinochet como autor de secuestros (desapariciones) y torturas cometidas en el centro de detención de Villa Grimaldi. Ese mismo día, 14 de noviembre, Pinochet no respondió al interrogatorio por exhorto requerido por el juez Garzón, quien investigaba los movimientos de dineros efectuados por el ex dictador chileno durante su detención en Londres (1998-2000).

Pinochet cumplió 91 años atrapado en una maraña de juicios por violaciones a derechos humanos y corrupción. Ese mismo día (25 de noviembre) asumió, a través de un comunicado leído por su esposa, “la responsabilidad política” de su régimen de facto de 17 años. El 27 de noviembre, el juez Víctor Montiglio procesó al ex dictador y ordenó su arresto domiciliario como presunto autor del secuestro y homicidio de dos presos políticos cometidos por la caravana de la muerte, en 1973.

El 3 de diciembre Pinochet sufrió un repentino ataque cardíaco y un edema pulmonar; fue internado en el Hospital Militar de Santiago, donde falleció el 10 de diciembre de 2006.

Pinochet fue despedido con honores de comandante en jefe del Ejército durante el funeral celebrado en la Escuela Militar de Santiago de Chile, al que asistieron unas 4.000 personas. La ceremonia se desarrolló entre gritos de "presidente, presidente" e insultos y agresiones a representantes del Gobierno y a periodistas nacionales y extranjeros asistentes. Durante el acto, el capitán Augusto Pinochet Molina, nieto del dictador, vestido de uniforme, reivindicó el golpe de Estado de 1973 y arremetió contra jueces y adversarios políticos. La actitud del oficial provocó un fuerte malestar en el Gobierno de Chile y en la jefatura de las Fuerzas Armadas. La presidenta, Michelle Bachelet, calificó de "falta gravísima" las palabras de Pinochet Molina. Las autoridades militares del Ejército de Chile dieron de baja de la Institución al capitán Augusto Pinochet Molina.

En la rueda de prensa dada en el Palacio de La Moneda, Bachelet descartó que la muerte del dictador inaugurara una nueva etapa en Chile al decir: “Creo que la nueva etapa que vivió el país empezó el año noventa cuando conquistamos la democracia y se inició un proceso de reencuentro"; no obstante, la mandataria admitió que "Es claro, sin duda, que con la historia que Chile tiene, los dolores y los sentimientos persisten por mucho tiempo".

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  • Enciclonet