Soto, Marco Aurelio (1846-1908).
Político hondureño, nacido en Tegucigalpa en 1846 y muerto en París en 1908.
Vida
Estudió Derecho en las Universidades de Honduras y Guatemala. Terminados sus estudios desempeñó algunos cargos, y al triunfar la revolución de 1871, en la que tomó parte activa para derrocar al general Medina, fue nombrado secretario de Gobernación y luego, sucesivamente, ministro del Interior, de Negocios eclesiásticos, de Relaciones exteriores y de Instrucción pública. En todos estos puestos, Soto fue reconocido por sus diligentes actuaciones en una época difícil para Honduras, lo cual motivó que fuera designado para la presidencia de la República, aceptada tras asegurarse el apoyo de los gobiernos de Guatemala y El Salvador. Elegido finalmente presidente en 1876, su actuación respondió a las expectativas puestas en su persona.
Tras restablecer el orden en el país se dedicó a fomentar la riqueza interna, mientras emprendía una serie de reformas legislativas de gran importancia. Elaboró diferentes Códigos, estableció la libertad testamentaria y el matrimonio civil y suprimió los diezmos. También llevó a cabo la secularización de los bienes de manos muertas y reorganizó la Universidad con nuevos métodos de enseñanza. El orden militar también se reformó con nuevas leyes, consolidó la deuda pública, fundó la Biblioteca Nacional y el Hospital General y reorganizó el Archivo Nacional. Además implantó el servicio de telégrafo y mejoró el de correo, fundó la Casa de la Moneda y la Imprenta Nacional; pero, sin lugar a dudas, lo más importante de su gobierno fue la promulgación de la Constitución de 1880.
En el marco de las reformas liberales que se llevaban a cabo en Honduras, Guatemala y El Salvador desde 1877, esta carta fundamental representó la modernización de las instituciones políticas hondureñas y sirvió como base a textos posteriores hasta bien entrado el siglo XX. La Constitución contiene una extensa enumeración de derechos individuales, entre los que destacan el establecimiento del voto directo y obligatorio, la tolerancia religiosa y el deber del Estado de estimular todos los sectores económicos del país y atraer capital extranjero. Por otra parte, se establece un poder legislativo unicameral con amplias facultades, que puede aprobar o rechazar los gastos realizados por el ejecutivo, mientras que el presidente de la República tiene un mandato de cuatro años y es reelegible una vez. Además se proclama la independencia del poder judicial y la autonomía municipal.
